Detectar con mayor precisión riesgos vinculados con corrupción, lavado de activos y otros delitos, mediante controles más efectivos e información financiera confiable, es el objetivo de la nueva acción impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para elevar la transparencia y mejorar la coordinación entre instituciones.

Para avanzar en este propósito, la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas suscribieron un memorando de entendimiento para gestionar cooperación técnica con la Organización de los Estados Americanos (OEA). El acuerdo permitirá fortalecer la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), mejorar las capacidades regulatorias y tecnológicas, y reforzar los mecanismos de supervisión, inteligencia financiera y gestión de riesgos. La cooperación estará enfocada en resultados concretos: identificar brechas normativas, operativas y tecnológicas; desarrollar una hoja de ruta; fortalecer la capacitación especializada y la transferencia de conocimiento; analizar alternativas de interoperabilidad; y establecer indicadores que permitan medir avances en transparencia financiera, integridad pública, control tributario y supervisión basada en riesgos.

Además, esta articulación permitirá mejorar las herramientas para identificar riesgos de evasión y elusión fiscal y fortalecer el análisis de información financiera para fines tributarios, contribuyendo a una gestión más eficiente y a instituciones con mayor capacidad de respuesta. Para los ecuatorianos, esto significa instituciones mejor preparadas para detectar irregularidades, prevenir riesgos y actuar con información más sólida.

Para el país, representa avanzar hacia un sistema financiero más transparente y confiable, con mejores controles y estándares internacionales. El acuerdo también establece un Comité Técnico Interinstitucional encargado de convertir estos objetivos en acciones medibles. Una vez constituido, tendrá 30 días hábiles para aprobar un plan de trabajo que defina actividades, responsables, plazos, riesgos e indicadores. La integridad pública y la prevención de la corrupción estarán presentes en todas las etapas de su ejecución. La cooperación internacional será gestionada por los canales diplomáticos correspondientes, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Misión Permanente del Ecuador ante la OEA.