La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Dra. Diana Salazar acudió hoy martes 14 de agosto de 2018 a la Unidad Judicial de Santo Domingo para reconocer su firma y rúbrica en la causa penal iniciada por un presunto delito de lavado de activos contra Marcelo V., Aníbal V., Herman A., Elva G., Héctor M.; y sus empresas.

En el caso de Marcelo V., y los demás procesados el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), No. 2015-042 remitido por la anterior Unidad de Análisis Financiero (UAF) a la Fiscalía General del Estado, señala que Marcelo V., habría incurrido en actividades, presumiblemente, ilícitas al haber registrado ingresos no declarados por un valor de seis millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve dólares (6´834.949,00), monto que el procesado habría intentado legalizar a través de sus empresas, dedicadas a la compra y venta de vehículos y de productos agrícolas.

En el ROII se advierte que las personas naturales y jurídicas, ahora investigadas, manejaban altas sumas de dinero que ascendieron a un total de veinticuatro millones ciento veinte y dos mil setecientos ochenta y cinco con treinta y tres centavos ($24´122.785,33) y utilizaron varias tipologías para lavar el dinero como el pitufeo, empresas pantallas y la adquisición de inmuebles sin justificación.

Se añade que Marcelo V., en conjunto con su hermano Aníbal V., eran accionistas de la empresa MARCELO VALLEJO CIA. LTDA,  y propietarios de varios inmuebles y vehículos.

Se reveló, también, que Aníbal V.; dueño de la empresa FARTINETI S.A.,  tenía propiedades a nombre de su secretaria Elva G.

En conclusión y de acuerdo a la audiencia de formulación de cargos  efectuada en el caso, se reveló que los hermanos involucrados, así como varias personas allegadas a ellos, como Herman A., Elva G.; y Héctor M.; tenían cuentas bancarias con altas sumas de dinero y transferencias enviadas al exterior sin justificación ni respaldo alguno.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE actúa, conforme los Arts. 432, y siguientes del Código Orgánico Integral Penal, en el que se señala que el objetivo de la acusación particular es practicar la prueba al igual que la Fiscalía y la defensa para demostrar tanto la existencia material del delito, cuanto la responsabilidad de los acusados; para de esta manera exigir como Estado la reparación económica integral por el daño que el delito ha causado.