Al ser el lavado de activos un delito transnacional, la mayoría de países han establecido mecanismos efectivos de prevención, detección y erradicación de este flagelo, destinados a impedir la legitimación de los beneficios de las actividades delictivas; y, con ello la acumulación y reinversión de activos obtenidos en forma ilícita.

Lavar activos, por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones, a más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, concentración de riqueza de forma ilegal, generación de efectos inflacionarios, competencia desleal, descrédito del Sistema Financiero y de los mercados de capitales, entre otras consecuencias nefastas para la sociedad.